En el punto de mira judicial se encuentra una de las canteras de la ciudad de Caceres, en concreto la de la Pedregosa.
Presuntas irregularidades, como funcionar sin los correspondientes permisos; daños medioambientales, al estar situada la explotación de extracción de áridos muy próxima a un terreno protegido; y desobediencia, al haber seguido funcionando pese a la orden de precinto. Son estos algunos de los hechos por los que dicha cantera, situada en la carretera de Malpartida de Cáceres, pero en el término municipal de la capital cacereña, está siendo investigada por la Justicia.
Fue una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la que hace ya dos veranos, concretamente en junio del 2010, alertaba a la Fiscalía de Cáceres sobre la presunta ilegalidad de esta explotación, propiedad de Aridos Sevilla Nevado, y que, pese a "carecer de licencia de apertura", funcionaba junto a la denominada carretera de las sardinas, próxima al río Salor.
Ante "los claros indicios" de la ilegalidad de la explotación denunciada por el Seprona, la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Cáceres, tras sus correspondientes indagaciones, resolvía un año después denunciar el caso ante el Juzgado Decano de la ciudad para la apertura del correspondiente proceso judicial. De la causa se ha hecho cargo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3, que ha acordado, por su parte, la apertura de diligencias judiciales de investigación contra la propiedad de la cantera de la Pedregosa.
ACUSACIONES Acreditado que la cantera de la Pedregosa carecía de licencia municipal, que la comisión regional de Urbanismo había rechazado su legalización "por ser contraria a las normas urbanísticas", o que tenía orden de paralización de la actividad dictada por la Alcaldía de Cáceres, y que pese a todos estos hechos seguía funcionando, la fiscal delegada de Urbanismo y Medio Ambiente ejercía su acusación.
Y lo ha hecho contra la propiedad de la explotación, Aridos Sevilla Nevado, así como también contra exresponsables del Gobierno local cacereño, contra aquellos que estaban al frente de la corporación municipal cuando se produjeron los hechos, en concreto en el año 2005 y también en la legislatura siguiente.
A los primeros les acusa la fiscal responsable del área de, entre otros hechos, incumplimiento de las normas y medidas tanto administrativas, "por realizar una actividad sin licencia alguna que la ampare", como medioambientales, "ya que se trata de una actividad, la extracción de áridos, que, en este caso, además de nociva para el medio ambiente se realiza muy próxima a una zona protegida medioambientalmente".
Y también les imputa por la presunta comisión del delito de desobediencia a la autoridad, "ya que pese a tener una orden de paralización de la actividad dictada por la Alcaldía de Cáceres, una orden de precinto, continuaron funcionando y explotando la cantera".
En cuanto a exresponsables municipales, en concreto exalcaldes y exconcejales responsables en materia de Urbanismo y Medio Ambiente en la corporación municipal cacereña en el año 2005 y la siguiente legislatura, como José María Saponi, Carmen Heras o Andrés Nevado, se les imputa en esta causa "por haber consentido la explotación a sabiendas de sus irregularidades", indicó a este diario la fiscal delegada.
Al parecer, y así figura entre los hechos que se investigan con respecto a los exresponsables municipales presuntamente implicados, el ayuntamiento sí actuaba contra la propiedad de la cantera de la Pedregosa, de hecho llegaron a abrirles varios expedientes, "pero ninguno de ellos llegó a resolverse".
Parece ser que se hacía así en previsión de la posible legalización de dicha explotación de extracción de áridos en la inminente revisión del entonces Plan General de Ordenación Urbana, "pero esto nunca ocurrió, de hecho en su última revisión, la del 2010, también le fue denegada la legalización".
HECHOS Las presuntas ilegalidades cometidas por Aridos Sevilla Nevado en la cantera de la Pedregosa, según consta en alguna de las denuncias formuladas, se habrían derivado inicialmente del incumplimiento por parte de los mismos de las condiciones ambientales de una concesión minera del año 2004. Y ello porque estaban "extendiendo los movimientos de tierra y las excavaciones hacia terrenos no autorizados", y produciendo de este modo "un grave daño ambiental sobre los ecosistemas del río Salor y su entorno, de notable valor ecológico".
Se trata este del área situada en las proximidades de la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) y Zona de Especial Conservación (Zec) Sierra de San Pedro, y del Zec del río Salor, donde existen diferentes especies protegidas a las que la explotación "estaba afectando negativamente".
Fuente: El Periodico de Extremadura
Texto: Isabel Bravo
Imagenes: Rufino Vivas
Enviado: Luis Antunez. Caceres.
Composición: Picapiedra
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